El patrimonio se encuentra a menudo indefenso ante la ausencia de instrumentos jurídicos para su adecuada protección y gestión. Salvo algún caso aislado a lo largo de la historia, la mayoría de las herramientas legales para la protección del patrimonio
aparecieron en los distintos países en el siglo XIX, coincidiendo con el creciente interés popular por los distintos aspectos del patrimonio, especialmente el monumental o el que representa la identidad o la historia personal de los distintos pueblos.
Tras la Segunda Guerra Mundial se crearon organismos supranacionales para el reconocimiento, gestión y protección del patrimonio, que fomentaron un sentimiento de propiedad común del patrimonio humano más emblemático y representativo en todo el mundo.
Tales denominadores comunes son la UNESCO y el ICOMOS, o también podríamos mencionar algunas estrategias reconocidas internacionalmente, como la estrategia europea de patrimonio para el siglo XXI establecida
por el Consejo de Europa.
La protección internacional del patrimonio arquitectónico es competencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo especializado de las Naciones Unidas creado en 1945 para contribuir a la paz y la seguridad mundiales mediante la educación, la ciencia y la cultura (http://whc.unesco.org). Su sede se encuentra en París y su universalidad queda patente en el número de países miembros, que actualmente asciende a 195. Los programas de la UNESCO trabajan para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible definidos en el Programa 2030 y aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. A lo largo de su historia, la UNESCO ha demostrado un gran respeto por la protección del patrimonio cultural mediante el uso de dos mecanismos normativos: las convenciones, que ratifican las normas para todos los países, y las recomendaciones, que no tienen valor normativo, pero se utilizan como propuestas para la protección de la cultura y los bienes culturales.
En 1965, los países miembros de la UNESCO se reunieron en Varsovia para firmar la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, basada en los principios establecidos en la Carta de Venecia (1964), estableciendo la creación de un Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS - https://www.icomos.org/en) para su defensa y conservación. Así, el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) es una organización internacional no gubernamental vinculada a la UNESCO, dedicada a la promoción de la teoría, metodología y tecnología aplicadas a la conservación, protección y valorización del patrimonio cultural. La sede de su Secretaría Internacional se encuentra en París, Francia.
En el Reino Unido, la Secretaría de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte se encarga de catalogar los edificios y planificar la protección de los monumentos antiguos. Para ello, se establecen categorías jurídicamente vinculantes de patrimonio protegido: edificios catalogados, monumentos catalogados, zonas de conservación y pecios protegidos. Todas las categorías figuran en la Lista del Patrimonio Nacional de Inglaterra. Dentro de esta estructura centralizada a nivel nacional, varios departamentos tienen competencias en materia de patrimonio. El Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte (DCMS) proporciona fondos del gobierno nacional para la conservación del patrimonio y se encarga de garantizar una lista de bienes patrimoniales designados a nivel nacional.
En Hungría, la estructura institucional responsable de la protección del patrimonio cultural se ha reorganizado en múltiples ocasiones desde 2010. Sin embargo, la ley esencial sigue siendo la Ley LXIV de 2001, aunque con muchas modificaciones, las últimas a partir de enero de 2023. Los últimos cambios asignaron la protección y gestión de los objetos del patrimonio, tanto material como inmaterial, al recién creado Ministerio de Construcción y Transporte de la Oficina del Primer Ministro, junto con casi todas las tareas relacionadas con la arquitectura. Sólo el Centro de Documentación e Información de Asuntos de la Construcción permaneció en el Centro del Conocimiento Lechner, la trastienda del Gabinete del Primer Ministro.
La política de gestión del patrimonio en Polonia está recogida en el "Programa nacional de protección y cuidado de monumentos", aprobado por el Consejo de Ministros y aplicado bajo la supervisión y dirección del Inspector General de Monumentos (Secretario o Subsecretario de Estado del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional), en estrecha colaboración con las instituciones encargadas de su ejecución. La Administración General del Estado es responsable de la información jurídica, organizativa y financiera para la conservación, gestión y mantenimiento del patrimonio, de la vigilancia de su estado de conservación y uso y de la realización de tareas de protección que impliquen la ordenación del territorio. Todas estas actividades son llevadas a cabo por los Inspectores de Monumentos locales, dependientes del Inspector General de Monumentos, bajo el control y el apoyo consultivo de las instituciones a nivel central.
En Eslovenia, la protección del patrimonio cultural figura como categoría específica en la Constitución eslovena. Según la Ley de Protección del Patrimonio Cultural (2008), la plena conservación del patrimonio se lleva a cabo mediante la planificación territorial, respetando la importancia del patrimonio e incorporándolo al desarrollo sostenible supervisado por las autoridades.
A nivel nacional, el gobierno se encarga de aprobar leyes para la conservación del patrimonio y para los fondos de restauración. En colaboración con otros ministerios y municipios, el Ministerio de Cultura se encarga de aplicar la política cultural, garantizando la protección del patrimonio. Este Ministerio está formado por la Dirección de Patrimonio Cultural y sus dos órganos, los Archivos de la República de Eslovenia y la Inspección de Cultura y Medios de Comunicación.
Francia está dividida en tres niveles territoriales: municipios, departamentos y regiones. Por tanto, el Estado tiene servicios "centrales" y servicios "dispersos", que se encuentran en regiones y departamentos.
El Estado es responsable de las políticas nacionales de patrimonio, con dos ministerios, el de Cultura y Comunicación y el de Transición Ecológica, que garantizan la gestión conjunta del patrimonio cultural y natural del territorio. Mantienen una comunicación constante con la sociedad civil, especialmente con las asociaciones, para garantizar una buena gobernanza en todos los asuntos relacionados con el patrimonio.
En Grecia, "la protección del entorno natural y cultural constituye un deber del Estado y un derecho de toda persona" (Constitución de Grecia, Boletín Oficial, 85/A/18-4-2001, art. 24). La principal legislación que regula la protección del patrimonio cultural es la Ley 3028/2002, "sobre la protección de las antigüedades y el patrimonio cultural en general", que desarrolla un sistema exhaustivo y detallado de protección del patrimonio material e inmaterial.
El principal organismo nacional para la protección del patrimonio cultural es el Ministerio de Cultura y Deporte. Los servicios del ministerio encargados de la gestión y protección de monumentos se dividen en Servicios Centrales y Servicios Regionales.
En Italia, la responsabilidad general del patrimonio recae en el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales. Según el artículo 9 de la Constitución italiana "La República promueve el desarrollo de la cultura y de la investigación científica y técnica. Salvaguarda el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la Nación". Cuatro niveles de gobierno (Estado, Regiones, Provincias y Municipios) comparten responsabilidades en el ámbito de la cultura. En la actualidad, la protección o tutela del patrimonio figura entre las responsabilidades culturales que sigue teniendo el Estado, con algunas excepciones enumeradas en el art. 5 del Código de Bienes Culturales y Paisaje (D.Lgs. 2212004 n. 42), la Ley Nacional para la salvaguardia del patrimonio cultural italiano. Las Regiones, Municipios, Áreas Metropolitanas y Provincias cooperan con el Ministerio en la ejecución de sus funciones de protección.
En España, la legislación nacional estableció el marco del patrimonio mediante la Ley del Patrimonio Histórico Español (16/1985, de 25 de junio). Esta ley regula aspectos generales para todo el territorio nacional. Sin embargo, la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en 1985 dio lugar al desarrollo de una legislación regional y a la situación actual en la que cada Comunidad Autónoma tiene su propia legislación específica para regular la salvaguardia del patrimonio. La legislación nacional establece tres niveles para la protección del patrimonio: los bienes con categoría de patrimonio histórico; el Inventario General de Bienes Muebles; y el Registro General de Bienes de Interés Cultural (muebles e inmuebles). A esta escala, las 17 Comunidades Autónomas han establecido niveles adicionales de protección en sus propias leyes, como la introducción de categorías especiales en relación con el patrimonio inmaterial.
Alemania ofrece otro claro ejemplo de estructura descentralizada de competencias en materia de patrimonio.
De acuerdo con el reparto de competencias entre la Federación y los 16 Länder (estados federados), la responsabilidad de la conservación del patrimonio recae en los Länder. Por lo tanto, la estructura y las formas de organización del patrimonio cultural y las autoridades encargadas de la conservación de los bienes patrimoniales difieren de un estado a otro. Como máximas autoridades a este respecto, los Länder se encargan tanto de aprobar las leyes de protección y conservación del patrimonio (junto con los distritos, los municipios y, en algunos casos, las regiones administrativas), como de aplicarlas.