Rethink Heritage

Existen varios documentos, nacidos de congresos y reuniones de expertos internacionales, que sirven como directrices establecidas para unificar y estructurar los posibles criterios de conservación, restauración o gestión de un bien cultural determinado.

Muchas de ellas se editaron con el nombre de las ciudades donde se reunieron expertos y autoridades varias del ámbito de la conservación y la restauración. Estas reuniones cimentaron el objetivo de alcanzar un consenso para las recomendaciones establecidas para la intervención o gestión del patrimonio respondiendo a cuestiones metodológicas y operativas. Todos estos documentos tienen algo en común: hacen hincapié en los diferentes valores vinculados al patrimonio en sus más variadas facetas, tanto materiales como inmateriales. Según los casos, estos protocolos defienden sus valores culturales, artísticos, históricos, estéticos, funcionales, económicos y educativos en términos de autenticidad, antigüedad y sostenibilidad, que pueden vincularse al concepto de "bienes culturales".

Estos documentos no son normativos, sino que sientan posibles precedentes que posteriormente se incorporan a los textos legislativos de muchos países. Es interesante observar cómo en todas estas contribuciones se amplía progresivamente el concepto de patrimonio, haciéndose el debate más específico y tocando muchos aspectos concretos de un determinado ámbito del patrimonio.

Entre estos documentos se encuentran reflexiones teóricas notables por su repercusión, su carácter internacional y las cuestiones cruciales examinadas. Muchas de ellas destacan también por sus indicaciones, directrices y también posibles limitaciones, sanciones y acciones negativas que deben evitarse. Desde finales del siglo XIX se han elaborado más de 70 documentos de importancia internacional, que se resumen y detallan a continuación.

Los comienzos: La CARTA DE ROMA-IV Congreso de Ingenieros y Arquitectos Italianos (1883)

Este documento, texto decisivo escrito en seno de uno de los primeros encuentros de expertos en la materia, considera la conservación de los monumentos como documentos. Camillo Boito, brillante arquitecto restaurador, desempeñó un papel fundamental en esta carta con su postura y su axioma de “consolidar antes de reparar y reparar antes de restaurar”. Estas actuaciones sólo podían llevarse a cabo tras un estudio previo exhaustivo y detallado para conocer el estado del edificio. En los casos en que las circunstancias y el diagnóstico requerían intervenciones, las directrices aplicadas se traducían en el reconocimiento y la visibilidad de las actuaciones, respetando todas las fases constructivas de un edificio.

El debate: la CARTA DE ATENAS para la Restauración de Monumentos Históricos (1931)

Esta Carta promueve la conservación del patrimonio artístico y arqueológico mundial, destacando el papel de los países como defensores de la civilización. Por primera vez se propone que todos los países acuerden una colaboración más amplia y específica para garantizar la conservación de los monumentos artísticos e históricos. Esta Carta analiza la legislación aprobada en cada país para la protección de los monumentos, insistiendo en que se otorgue a las autoridades públicas poder de decisión en materia de conservación, combinando especialmente el derecho público y el privado. Esta Carta también tuvo repercusiones a escala nacional, donde se establecieron principios en función de contextos específicos, como en el caso de Italia, con la CARTA DEL RESTAURO ROMA de 1932 para la Restauración de monumentos.

Un documento sin tiempo; la CARTA DE VENECIA para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios (1964)

Los 16 artículos que componen esta Carta (1964) son posiblemente los más citados y mencionados internacionalmente desde su publicación. Este documento nació originalmente como una versión actualizada de la Carta de Atenas, a raíz de la preocupación e impotencia de los restauradores tras la segunda guerra mundial. Varias mesas redondas, con notables aportaciones de Roberto Pane, Piero Gazzola y Raymond Lemaire, subrayaron el carácter excepcional del concepto de restauración. Ésta podría recurrir a la ayuda de medios más contemporáneos, respetando las adiciones y rechazando una vez más la unidad de estilo. Otra aportación interesante es la ampliación del concepto de patrimonio a una escala urbana y medioambiental más integradora, ambas estrechamente vinculadas.

Carta de Burra (1979, 1999, 2004, 2013)

La Carta de Burra es un documento publicado por ICOMOS/Australia que define los principios y procedimientos básicos que deben seguirse en la conservación de los lugares del patrimonio australiano. La Carta se aprobó por primera vez en 1979 como adaptación australiana de la Carta de Venecia, pero con la introducción de un nuevo modelo analítico de conservación de la evaluación del patrimonio, que reconocía formas de patrimonio cultural más allá de las formas tangibles y físicas. La Carta fue el primer documento nacional sobre patrimonio que sustituyó a la Carta de Venecia como base de la práctica nacional en materia de patrimonio. La Carta ha sido revisada en cuatro ocasiones desde 1979, y ha tenido influencia internacional al proporcionar directrices estándar para la práctica de la conservación del patrimonio. La publicación de 2004 The Illustrated Burra Charter elabora y explica los principios de la versión de 1999 de forma fácil de entender. En 2013 se volvió a revisar y actualizar la Carta.

Conservación del patrimonio artístico

La CARTA DEL RESTAURO DE ROMA (1972) parte del muy complejo concepto de Patrimonio, herencia de la Carta de Venecia de 1964. Cuatro anexos se centran en la salvaguardia y restauración de antigüedades, los procedimientos a seguir en la restauración arquitectónica, la ejecución de restauraciones de pintura y escultura y, por último, la tutela de los centros históricos. El documento destaca además los estragos de la destrucción causada por la guerra, que llevó a restauraciones y reconstrucciones sin la cautela ni las precauciones necesarias debido a un sentimentalismo comprensible pero cuestionable hacia los monumentos dañados o destruidos.

La protección de los bienes culturales en los conflictos armados

Las dos guerras mundiales marcaron un antes y un después en el campo de la restauración arquitectónica. Como consecuencia de la destrucción masiva del patrimonio cultural en la Segunda Guerra Mundial, 133 países aprobaron un primer tratado internacional para la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. Se conoció como el CONVENIO DE LA HAYA (1954). Este documento formalizaba un protocolo que pretendía impedir la exportación de bienes culturales de los territorios ocupados y exigía la devolución de estos bienes al país del que fueron expoliados. Una de las aportaciones más importantes de la convención fue el establecimiento de medidas previas en tiempos de paz, así como una serie de directrices en caso de conflicto. La destrucción de bienes culturales como consecuencia de los conflictos de los años ochenta y principios de los noventa puso de manifiesto la necesidad de introducir mejoras, definidas más recientemente en otros documentos. Entre ellos cabe destacar la DECLARACIÓN DE RADENCI (1998) para la protección del patrimonio cultural en emergencias y situaciones excepcionales, el SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA (1999) que resume y actualiza las directrices de 1950 y el SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO (2000).

Principios de las excavaciones arqueológicas

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su novena edición celebrada en Nueva Delhi (1956), estableció una serie de directrices de interés para la protección del patrimonio con un amplio abanico de medidas a aplicar en todos los regímenes de excavaciones arqueológicas, haciendo especial hincapié en la represión de las acciones clandestinas y la exportación o comercio ilegal de objetos procedentes de excavaciones arqueológicas. Este documento pretendia proteger los entornos vulnerables con una legislación limitada. A estas directrices siguieron en años posteriores documentos más específicos para la disciplina de la arqueología, como las NORMAS DE QUITO (1977) para la conservación y utilización de monumentos y yacimientos de interés arqueológico, histórico y artístico; la CARTA DE LAUSANA (1990) y el TRATADO DE VALLETTA (1992), ambos destinados a garantizar la correcta gestión del patrimonio arqueológico; y el CONVENIO DE UNIDROIT (1995), dirigido específicamente  para la salvaguarda de bienes culturales robados o exportados ilegalmente.

Enfoque internacional: protección del patrimonio cultural y natural

La CONVENCIÓN DE LA UNESCO (1972) fue la primera en insistir en el concepto de conservación integrada como mecanismo de 360º que permite coordinar medidas legislativas, administrativas, financieras y educativas para promover el interés público por el patrimonio y salvaguardarlo a escala internacional. Este documento reflejaba la búsqueda de una cierta homogeneidad entre las condiciones específicas de los países, especialmente en Europa. En la segunda mitad del siglo XX, la UE formó parte de una serie de organismos e instituciones que promovieron diversos mecanismos y políticas centrados en la normalización de las políticas de los Estados miembros. Algunos resultados a destacar en el marco de estas acciones son la RECOMENDACIÓN 880 CE (1979) sobre la conservación del Patrimonio Arquitectónico Europeo; la CONFERENCIA DE BERLÍN (1982) sobre las ciudades europeas; el CONVENIO DE GRANADA (1985) para la protección del patrimonio arquitectónico europeo; el DOCUMENTO DE COPENHAGUE (1987) y el de PAVIA (1997), ambos relativos al perfil europeo del conservador-restaurador. En la segunda mitad del siglo XX, cuestiones como las amenazas, el abandono y sobre todo la contaminación o destrucción de los enclaves paisajísticos europeos impulsaron un amplio abanico de actuaciones para la conservación del paisaje, ya que se había reconocido que el paisaje cultural era un factor determinante en el desarrollo de las diferentes sociedades a lo largo del tiempo. En este sentido, una de las aportaciones más importantes fue la redacción del CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE (2000), actualizado en la DECLARACIÓN DE FLORENCIA (2014) sobre el paisaje y los valores humanos.

Turismo y salvaguardia de los centros históricos

En la segunda mitad del siglo XX aparecieron cuestiones como la gestión del turismo, vinculadas a importantes lugares del mundo que empezaban a sufrir la presión  de la masificación de los viajes derivada de los auges económicos y del desarrollo. A partir de los años ´70, estas cuestiones se abordaron en diversos documentos, como las CARTAS DE BRUSELAS Y MÉXICO (1976), centradas respectivamente en la defensa del turismo y del patrimonio cultural. A partir de los años 80 se insistió especialmente en las actuaciones potencialmente desastrosas que afectaban a los centros históricos. En particular, la CARTA DE NOTO (1986) precisó las perspectivas de conservación y recuperación de los centros históricos; la CARTA DE TOLEDO (1986) se centró en la conservación de las ciudades históricas, mientras que la CARTA DE WASHINGTON (1987), amplió la protección a áreas urbanas más extensas, eventualmente descentralizadas o más dispersas, al igual que la CARTA DE VERACRUZ (1992) que fijó la política de actuación en los centros históricos de América Latina. El objetivo de todos estos documentos ha sido limitar y controlar los daños debidos al crecimiento descontrolado de los centros urbanos, insistiendo en el concepto de urbanismo no agresivo, como destaca la reciente CARTA DE VALLETTA (2011).

Diversidad cultural y diversidad patrimonial: valores y autenticidad

La globalización de finales del siglo XX llevó a la elaboración de documentos que defendían la diversidad cultural, promoviendo el respeto de los valores culturales y sociales, estableciendo un protocolo para garantizar la diversidad para el desarrollo humano y promoviendo la legitimidad de los diferentes valores culturales auténticos de cada cultura y país. En esta línea, la CARTA DE NARA (1994) fue uno de los primeros documentos que insistió en la importancia de los valores intangibles, abordando cuestiones que se fueron exponiendo sucesivamente en otros documentos. Por ejemplo, la CARTA DE BURRA (1999) proporcionó una guía para la conservación de lugares de importancia cultural; la CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL de PARÍS (2003) o la CONVENCIÓN DE FARO (2005) se centraron en el valor del patrimonio cultural para la sociedad.

Especificidad y singularidad del patrimonio

A finales del siglo XX y principios del XXI se fueron creando progresivamente documentos específicos que promovían un perfil cada vez más definido y detallado del sujeto/objeto a "proteger" para garantizar su correcta gestión. Los principios y propuestas se centraron únicamente en un caso concreto insistiendo en los valores, resaltando el carácter único y especial dentro de un conjunto más amplio de posibles bienes culturales. Es el caso, por ejemplo, de la CARTA SUBMARINA DEL ICOMOS (1996) para la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático; los PRINCIPIOS PARA LAS ESTRUCTURAS DE MADERA; la CARTA SOBRE EL PATRIMONIO VERNACULAR CONSTRUIDO (1999); la CARTA SOBRE EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS RETABLOS (2000); y la CARTA DE NIZHNY TAGIL (2003) sobre el Patrimonio Industrial. Otros documentos elaborados, centrados en facetas muy concretas y definidas del patrimonio, fueron los PRINCIPIOS PARA LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE PINTURAS PAREDALES (2003), los PRINCIPIOS PARA LAS ESTRUCTURAS HISTÓRICAS (2005), y el DOCUMENTO DE MADRID PARA EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL SIGLO XX (2010).

La interpretación del patrimonio, sus valores y su tecnología

Las cartas se han ido haciendo progresivamente más participativas, fomentando aspectos como la educación, la formación, la interpretación y la difusión (programas específicos, programas de intercambio...) con el fin de promover una conciencia colectiva que valore y contribuia a la conservación de un determinado conjunto patrimonial. El siglo XXI ha abierto la puerta a nuevas profesiones, vinculadas bien a las nuevas tecnologías, bien a la gestión del patrimonio, y que requieren una serie de directrices, incluidos códigos deontológicos. Ejemplos notables de ello son la CARTA ENAME (2005) para la interpretación de los sitios del patrimonio cultural y la DECLARACIÓN XI'AN (2005) sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas del patrimonio. Por otra parte, en esta misma época tomó forma el CÓDIGO ÉTICO DE LOS MUSEOS DEL ICOM (2006) y se celebró la REUNIÓN DE LA HABANA (2007) sobre ciencia y tecnología para el patrimonio cultural. Por otra parte, en cuanto a los problemas de interpretación, cabe destacar la CARTA DE LONDRES (2008) sobre visualización informática del patrimonio cultural, la CARTA SOBRE RUTAS CULTURALES (2008) y la CARTA SOBRE INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SITIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL (2008).

Riesgos, amenazas y resistencia del Patrimonio Cultural

Desde la primera década del siglo XXI se ha producido un notable agravamiento de aspectos como el cambio climático, la diversidad social y los desequilibrios generalizados que afectan de forma más o menos directa al patrimonio cultural. Por ello, para contribuir a la prevención, planificación y priorización ante los riesgos naturales, sociales y antrópicos se han elaborado documentos y acciones preventivas, entre las que destacan la DECLARACIÓN DE LIMA (2010) para la gestión del riesgo de desastres en el patrimonio cultural, la DECLARACIÓN DE DELHI (2017) sobre la relación entre democracia y patrimonio, y la DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES (2018) relativa a los derechos humanos en relación con los enclaves patrimoniales.